
Tipifica Congreso el acecho como delito, aprueba reformas al Código Penal
La pena será de 3 a 6 años, se podrá incrementar dependiendo de las circunstancias en que se cometa.



Con el objetivo de regular las asociaciones de padres de familia, así como la recaudación y vigilancia de los recursos que se aportan por cuotas en las escuelas, las diputadas Gaby Vázquez Chacón y Cynthia Montserrat Hernández Quiñones presentaron dos iniciativas de reforma a la Ley de Educación del Estado.
“La propuesta que hoy presentamos busca fortalecer la organización de las sociedades de madres y padres de familia, estableciendo reglas claras para su integración, funciones y procesos de decisión. explicó la diputada Vázquez Chacón a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
En este sentido, destacó que la legisladora destacó que la participación familiar no es un complemento, sino un pilar de la educación, ya que cuando madres, padres o tutores colaboran con las escuelas y el magisterio, se genera un entorno de confianza, compromiso y cooperación que mejora el aprendizaje y fortalece el tejido social.
Además, propuso ampliar las facultades de las asociaciones incorporando la posibilidad de participar en acciones preventivas y educativas que contribuyan a erradicar el acoso escolar, la violencia y cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de las y los estudiantes.
Al abordar la iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, Hernández Quiñones, señaló que en Durango existen más de 5 mil escuelas públicas de educación básica donde estudian cerca de 340 mil niñas, niños y adolescentes, y detrás de cada institución hay familias que aportan tiempo, recursos y trabajo voluntario para mejorar las condiciones de los planteles.
“Cada año, miles de familias aportan su esfuerzo y recursos, pero ¿qué certeza tienen sobre el destino de esas aportaciones? Lamentablemente, hoy no existe un marco legal estatal que regule ni supervise con claridad la administración de esos recursos”, apuntó la legisladora.
En este sentido, precisó que la propuesta busca crear un sistema ordenado de registro, control y rendición de cuentas de las asociaciones de madres y padres de familia, las cuales deberán registrarse oficialmente ante la Secretaría de Educación, donde administrarán los fondos en cuentas bancarias institucionales con doble firma.

La pena será de 3 a 6 años, se podrá incrementar dependiendo de las circunstancias en que se cometa.

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